El impacto ambiental de consumir agua embotellada es hasta 3.500 veces mayor que el de beber el agua del grifo, principalmente por el uso de envases de plástico desechables que tiene consecuencias en los ecosistemas terrestres y marinos. Con el objetivo de reducir este tipo de residuos, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) pone en marcha, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la campaña 'Torna a la font'.

Se calcula que si, en la UPC, la comunidad consumiera agua embotellada, se generarían cada año 5,3 millones de botellas de plásticos. Con el fin de conseguir reducir esta cifra tanto como sea posible, se han incrementado el número de fuentes disponibles en todas las escuelas y facultades de la Universidad, haciéndolas más accesibles a las personas usuarias e instalando fuentes adaptadas para personas con movilidad reducida. A partir de ahora, el gesto de llenar la botella también será más fácil porque se incorporará un grifo en todas las fuentes.

En paralelo a la instalación de las nuevas fuentes, se ha iniciado la higienización y puesta a punto de todas las fuentes existentes en los edificios de la UPC para garantizar la correcta filtración del agua y el cumplimiento de la normativa, y reducir su cloro para mejorar el sabor. También se harán análisis del agua de forma aleatoria, que se podrán consultar en la web Beure sense plàstics, donde también se compartirán buenas prácticas de reducción de envases que se llevan a cabo en los diferentes campus de la Universidad.

La campaña se potenciará con elementos gráficos en los diferentes centros docentes y edificios de la Universidad, animando a la comunidad UPC a ir a buscar agua a la fuente, y con contenidos en las redes sociales, con la etiqueta #tornaalafontUPC, para concienciar sobre el impacto de los envases de plástico desechables y difundir buenas prácticas.

Estas medidas se enmarcan en el Acuerdo del Consejo de Gobierno para la reducción del consumo de envases y elementos de plástico desechables en la Universitat Politècnica de Catalunya, aprobado en diciembre de 2019 y que no se había podido implementar hasta ahora debido a las medidas sanitarias impuestas a raíz de la pandemia por COVID-19.